EL CAMPESINO, DEL IMPERIO A LA NACIÓN

Ojala y sin necesidad de volver a las vías de hecho, como las que ocurrieron en el reciente paro agrario de 2013, anhelo sinceramente que dicho suceso, así como las conversacio-nes de paz que se adelantan en la Habana, sean suficientes
para atender coherentemente la problemática social del campesinado en nuestro país. No solo es hora, sino justo y necesario, que cambie la suerte, la vida y la dignidad de este sector tan importante en el andamiaje social, político y productivo de la nación. Sean Costeños, Nariñenses, Cundinamarqueses, de cualquier otra region del mapa Colombiano o incluso de cualquier parte del mundo, la población campesina históricamente ha llevado la peor parte de la sociedad. Solo basta revisar lo que ocurrió por allá en el año 300 de nuestra era, cuando el emperador Diocleciano dividió el imperio Romano en dos, pensó que evitaría la anarquía construyendo una burocracia mayor que le ayudara a gobernar, y duplicó el tamaño del ejército pagando más soldados, lo cual necesariamente implicaba subir los impuestos.

Estos tributos eran tan gravosos que para eludirlos, muchos agricultores huyeron de sus granjas. La respuesta de Diocleciano fue un conjunto de leyes que ataban al súbdito común a su puesto de trabajo. Por todo el imperio los campesinos vieron que se les prohibía abandonar las tierras que habían arrendado, y que los hijos no podrían marcharse tras la muerte de sus padres. Así, las leyes convirtieron de hecho a los agricultores en siervos, que eran adquiridos con la tierra en la que trabajaban al comprarse esta.

No obstante, han pasado más de 1700 años de semejante despropósito, no estamos tan lejos de la misma realidad. Aunque en Colombia no hay leyes que amarren al agricultor a su parcela, la verdad es que, el abandono del campo por parte del gobierno, la falta de oportunidades y el conflicto interno entre ejército, guerrilla y paramilitares, les tienden un cerco peor, que no solo sitia la familia campesina, sino que en muchas ocasiones, estos tienen que tributarle a los tres, hasta en especie: al guerrillero y al paramilitar con la tristemente famosa  “vacuna” e incluso con los hijos que estos les arrebatan y reclutan a la fuerza, y al gobierno con un impuesto predial injusto, que termina el noventa y nueve por ciento (99%) de las veces reflejado en una listado impreso de inversiones municipales que nunca se ven, o al menos, nunca pueden confirmar en que se invirtieron tales tributos.

Independientemente de los resultados de los diálogos de la Habana, es decir, con acuerdo de paz o sin él, debemos aportar ideas y generar conciencia de la importancia de darle el lugar que le corresponde a este gremio en la estructura productiva del estado. La manera como el gobierno puede mejorar la vida de las miles de familias campesinas e indígenas, que diariamente se entregan con denuedo a las faenas propias del campo, es arreglando sus vías de acceso, llevando más centros de salud, una mejor educación y capacitación, subsidiar las comunicaciones de Internet, TV, teléfono, etc., llevarles entretenimiento familiar, facilitar el transporte público rural y por supuesto, apoyar su esfuerzo para cultivar la tierra y garantizarles un precio  justo a la hora de vender sus cosechas. Allí empieza la verdadera paz y la cura para que el mecanismo de presión por las vías de hecho, que paulatinamente se han ido forjando como la herramienta predilecta de muchos gremios para exigir sus derechos, deje de ser, lo que al parecer tiende a convertirse en una cultura popular de nefastas consecuencias.

Cualquiera que hable y escuche atentamente a un campesino, entenderá que ellos no tienen acceso a capital de trabajo y mucho menos a capital de inversión. Hoy en la época del postmodernismo, tristemente hay que reconocer que nuestros campesinos viven peor que en tiempos del emperador romano Diocleciano, al menos en aquella época trabajaban por y para el imperio, pero hoy en día, no se trabaja para la nación y ni siquiera para sustentar la familia.