REFORMAS AGRARIAS EN COLOMBIA, UNA UTOPÍA.

Podríamos decir que el impacto de las reformas agrarias en Colombia, no han sido nada positivas en términos de mejorar o satisfacer la calidad de vida de nuestras familias campesinas. 
En general, las escasas Reformas Agrarias se han limitado exclusivamente a una indebida y pirrica redistribución de la tierra, que sólo beneficia casi siempre a unos pocos terratenientes, mientras que deja una huella negativa sobre la calidad de vida de los campesinos minifundistas "beneficiarios" de estas supuestas reformas.En la primera administración de López Pumarejo se propuso la ley 200 de 1936, por la cual se estableció la Reforma Agraria que tenía como finalidad otorgar tierras a todos aquellos que cultivaban territorios que no les pertenecían y llevar a la práctica el principio de que la propiedad privada debe cumplir una función social. Esta ley prohibió los desalojos de los campesinos que invadían territorios ajenos y facultó al Estado para expropiar tierras en caso de que fuera necesario. Además, decretó que si una propiedad no estaba debidamente explotada a los 10 años a partir de la expedición de la ley, podía ser expropiada por el Estado y entregada a campesinos sin tierra. 
Después de firmados los tratados de paz y en el marco de la “Alianza para el Progreso” estadounidense fue creado en 1961 el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA. La política agraria en la década de 1960, tuvo como objetivo modernizar el campo presionando a los terratenientes a hacer mayor uso de sus tierras bajo la amenaza de la extinción de dominio.

Diez (10) años después, es decir, en 1971, los señores Francisco Mosquera y Carlos Naranjo, expresaban en una publicación que según estadísticas oficiales de la época, 1´350.000 familias campesinas poseían 6.300.000 hectáreas, mientras que 18.200 propietarios tenían 10,200.000 hectáreas, o sea que el 94.5% de los propietarios era dueño del 28.6% de la tierra y el apenas el 1.3% el 46.4% restante. De este total, 1´000.000 de campesinos pobres posee solamente 1´300.000 hectáreas. En el otro extremo de la contradicción hay 636 grandes terratenientes poseedores de siete millones de hectáreas. En general, desde el punto de vista de la tenencia de la tierra, estos son dos polos opuestos que no permiten afinar una política de distribución de la tierra sana, equitativa, seria y razonable, con un contenido social para beneficio del campo colombiano. Valdría la pena actualizar estas cifras y confrontarlas con la realidad actual.

El “Pacto de Chicoral”, acuerdo político entre los partidos tradicionales y los gremios de propietarios, puso fin en 1973 a la incipiente reforma. En lugar de la redistribución de tierras, los gobiernos fomentaron la colonización como forma de acceder a la tierra. Como consecuencia de la ley 4 de 1973 las expropiaciones para redistribución de tierras se hicieron imposibles.Militares, guerrilleros e incluso narcotraficantes, incidieron profundamente durante los últimos 30 años en el desarraigo campesino de sus tierras. Por ejemplo, en 1996 grupos paramilitares expulsaron violentamente 280 familias campesinas de la Hacienda Bellacruz incendiando viviendas, destruyendo escuelas y cultivos y dejando un saldo de más de 40 campesinos asesinados. Un año más tarde la mayoría de las familias fue reasentada en tres fincas en otras regiones del país. Las familias siguen sufriendo una situación crítica porque las tierras que recibieron son de mala calidad y no tienen títulos de propiedad; además, las familias están obligadas a pagar por las nuevas tierras. 

Las duras condiciones de crédito y la imposibilidad de generar los ingresos suficientes por falta de apoyo adecuado condenan a las familias a vivir en una situación precaria.En 2009 sale a flote todo el mal manejo de la política agraria del presidente Uribe llamada “Agro Ingreso Seguro”, que como tal no es una reforma agraria, pero el resultado, una vez mas es como si lo fuera, pues la historia se repite… Una canallada más contra el campesino sumiso, humilde e indefenso, que aunque ignorante, entiende y comprende cada vez más como ha sido el trato que históricamente le han dado. Coloquialmente diríamos: vuelve y juega, se despilfarran o se roban los recursos destinados a transformar la vida del campesino verdaderamente necesitado, para beneficiar unas pocas familias adineradas o al menos sin las necesidades del minifundista. Que tragedia e infortunio es ser campesino en Colombia.Pregunto sinceramente, cual es la opción que les queda? Desplazarse.