mientras tanto, al contratista Julio Gómez, figura protagónica junto con los primos Nule y los hermanos Moreno, están privados de la libertad en condiciones muy diferentes. Los empresarios Nule (de los que se rumora, pronto les darán casa por cárcel) y que ya fueron condenados a siete años y medio de cárcel, por el delito de peculado, pese a que según las investigaciones defraudaron al estado en, por lo menos, 66 mil millones de pesos.
La pregunta que nos hacemos los ciudadanos de a pie, cada vez que vemos estos descalabros financieros contra el patrimonio estatal, nos hace preguntar qué tan justo es el sistema judicial colombiano, pues estas penas de 66 meses a los señores Nule y los 60 meses del señor Gómez, comparada con los 18 meses del muchacho de la población de Achí, en Bolívar luce proporcional y matemáticamente desmedida. En el supuesto que las gallinas tuviesen un valor de 100000 pesos, los Nule y sus secuaces, deberían pagar unos 32548 meses de prisión y no solo 90 como efectivamente se les condenó en primera instancia.
No se trata de volver a la “LEY DEL TALION”
practicada por el imperio Romano, quien a su vez se basó en el más antiguo
conjunto de leyes escritas conocidas como el "Código de Hammurabi",
quien fuese el sexto rey de Babilonia durante el Primer imperio Babilónico, que
reinó desde el año 1792 al año 1750 a.C., según la cronología del Antiguo
Oriente. Este código, estableció por escrito 282 conceptos que hacían una ley
sensiblemente dura. Entre otras cosas determinaba con claridad que: "si un
hombre le quita un diente a otro (en una pelea), la pena será que se le quite
al atacante el mismo diente". En el
Antiguo Testamento puede leerse que el que llevara a cabo un delito
"pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie
por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y contusión por
contusión". Sólo si la víctima lo pedía, se anulaba la pena cambiándola
por una suma de dinero que el perjudicado fijaría. De lo contrario, se cumplía
al pie de la letra y sin apelación posible. Siglos después, el mismo concepto,
prácticamente con las mismas palabras, sería incorporado por Mahoma en el
Corán, como norma religiosa para los musulmanes quienes aún hoy, en algunos
países estrictamente cumplidores de la palabra divina, siguen manteniéndola,
pero son excepciones.
Es obvio que ningún código
penal moderno acepta esta temeraria ley. Sin embargo, debemos ser coherentes y
“justos” al momento de impartir justicia. En este país existen privilegios que
más parecen premiar al delincuente que a la gente de bien. Por ejemplo, los
empresarios protagonistas del “carrusel de la contratación” están a puertas de
conseguir firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía, por cuatro
delitos cuyo juicio sigue pendiente, lo que les permitiría la suspensión del
proceso y conseguir grandes beneficios a la hora de conocer su nueva condena;
la cual, según los expertos va a quedar aproximadamente en 3 años. Mientras
esto ocurre el INPEC los
saca de la prisión y los lleva en avión a celebrar fiestas familiares por cuenta del erario público. Qué
pesar de mi país, esto no tiene presentación.
El macabro invento de los
marcos de justicia y paz y la famosa rebaja de penas, creados de antemano con
políticas de perdón anticipado y unas penas muy blandas (hasta simbólicas),
fueron concebidas para desmovilizar grupos al margen de la ley, tales como
paramilitares, guerrilleros y bandas criminales, entre otros; pero es obvio,
que esta serie de beneficios jurídicos y penales, han mandado un mensaje muy
claro a toda la comunidad delincuencial, pues con esas penas, casi que se les
invita a vivir de la estafa, el soborno, el sicariato, la extorsión, el robo,
el secuestro, el atraco, el peculado y cualquier otra forma de delinquir, pues
es más fácil, rápido y rentable que trabajar honestamente.
No se trata de imponer
nuevamente la ley del talión, pero tampoco podemos caer en la desvergonzosa
posición de las rebajas de pena ante cualquier delito y a cualquier precio. De
seguir así, podemos concluir que en Colombia es más grave robarse una gallina que
realizar una masacre o tumbarse el patrimonio ciudadano. Y lo peor está aún por
venir, pues si se firma el proceso de paz, con el cual estoy absolutamente de
acuerdo, no quiero ni imaginarme lo que el gobierno estará dispuesto a ceder en
ese propósito.
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