MAS DESPLAZADOS POR EL INVIERNO

Que bueno sería que los dirigentes Colombianos pudiesen entender la verdadera importancia del campo colombiano en toda su dimensión social, política y económica. Es necesario que cada vez que se trate un tema inherente a la problemática campesina,
se considere holísticamente el mismo. Resulta incoherente e inconveniente hablar de cultivos, infraestructura vial, educación rural, producción, reforma agraria, salud, vivienda o cualquier otra problemática del sector, sin que se vea afectado el sistema campesino como un todo.

Para explicar y aclarar esta apreciación, quiero referirme particularmente a lo que está sucediendo con el crudo e inclemente invierno que afecta nuestro país y que lastimosamente, se ensañó principalmente en amplias zonas rurales donde fueron anegadas miles de hectáreas cultivadas y otro tanto de pasturas, que afectaron por igual un alto porcentaje de agricultores a lo largo y ancho del mapa Colombiano. Bajo este panorama, y de acuerdo con las estadísticas presentadas por el gobierno a finales de 2010, la situación es bastante alarmante. Para la ultima semana de diciembre de 2010, el diario El Tiempo, en su edición de diciembre 26, pág. 13, indicaba que “por ahora, la ola invernal deja 1,32 millones de hectáreas inundadas, 370 mil animales muertos, entre bovinos y aves ponedoras, mientras que 1,5 millones de vacunos debieron trasladarse a otras zonas por haberse anegado los potreros”.

Si desde el estado mismo se considerara el sector agrícola, como factor clave e importante para el desarrollo nacional, el país debería tener una infraestructura de vías rurales en buenas condiciones, o al menos aceptables. Naturalmente, dicha malla vial ya hubiese cumplido con su propósito social, y muy seguramente habría sido la plataforma ideal para montar unidades básicas de atención médica, facilitar la movilidad de las comunidades rurales, garantizar el transporte de productos, fortalecer los estamentos educativos y la cobertura de profesores y en general sería esa misma malla vial, la que en estos críticos momentos de inundaciones, serviría de eje principal para acudir al auxilio y apoyo de nuestros compatriotas.

Es obligación estatal llevar salud, educación, bienestar y en general mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad rural. Es por lo tanto necesario, definir como prioridad y eje central de una nueva política social campesina, las vías de acceso; pues con ellas, podemos transformar positivamente la familia campesina, para que además de recibir los beneficios sociales a que tienen derecho, puedan transportar y sacar sus productos al mercado con mayor oportunidad y en mejores condiciones de calidad, lo que en la practica traduce un mejor pago para ellos.

Dolorosamente hay que reconocer que en pleno siglo XXI, la mayoría de nuestras vías rurales, aún son intransitables, realmente no existen, se trata más exactamente de maltrechos caminos de herradura, hechos y mantenidos a pulso por los mismos habitantes de la vereda correspondiente, que muy pocas veces reciben ayuda gubernamental, salvo que estén en vísperas de procesos electorales, bien sea para alcaldía, gobernación o similares, cuando engañados por promesas falsas, aceptan uno o dos viajes de recebo a cambio del voto. Practica esta, que condeno públicamente, pues con este tipo de actitudes lo único que logran es enterrarse en más pobreza y más atraso.

Urge la necesidad de cambiar esos malos hábitos, que han sido encarnados en la clase campesina por politiqueros mediocres que sólo buscan un beneficio particular. Es imperioso empezar a reclamar con vehemencia lo que legalmente les corresponde; no pueden olvidar que así como tienen obligaciones y responsabilidades con el estado, también tienen derechos que pueden reclamar.

Desde esta columna insto a todos y cada uno de los campesinos de nuestra región y de todo el país, para que en este 2011, donde aparecerán nuevamente estos funestos personajes, se abstengan de cualquier trato que les propongan por el voto, los invito a que tengan dignidad y a que cambien la mentalidad de “limosna” que les han querido imponer injustamente ciertos políticos, por un verdadero sentido de pertenencia.